Borràs quiere dejar el Congreso y ser la nº 2 de Puigdemont para que su causa salga del Supremo

La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borràs, quiere y planea abandonar su escaño en el Congreso de los Diputados para despejar su situación judicial. La diputada independentista, procesada en el Tribunal Supremo por presuntamente amañar varios contratos con un amigo mientras era directora del Institut de les Lletres Catalanas, valora renunciar a su acta para que automáticamente su caso salga del Supremo.

El alto tribunal citó para el próximo 22 de julio a Borràs como investigada en un caso de corrupción. De esta forma, el próximo miércoles, empezará el recorrido judicial de su caso en el Supremo. En concreto, el magistrado Eduardo de Porres, quiere que responda en la causa por la adjudicación de esos contratos que habría troceado y adjudicado a un amigo que había sido alumno suyo.

Si renuncia al acta que obtuvo en las elecciones de noviembre del 2019, que le permitió ser la portavoz parlamentaria de Junts en la Cámara baja, perderá automáticamente su condición de aforada y el Supremo no tendrá competencia para llevarla a juicio. Una vez deje de ser diputada tendrá que ser un juzgado ordinario el que asuma el caso, dilatando los plazos.

Además de postergar en el tiempo la investigación y el juicio por su responsabilidad en los hechos que se le imputan, el movimiento de Borràs persigue que no sea un tribunal de Madrid el que la juzgue. En su entorno están convencidos de que, si se la juzga en Cataluña, no será condenada. Sin embargo, si es el Supremo el que la acaba sentando en el banquillo, en JxCat creen que «no tendría un juicio justo».

Borràs, que está defendida por uno de los abogados de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, pretende ser además la número dos del eurodiputado en las elecciones catalanas de este otoño que Quim Torra convocará este mismo mes de agosto. Si en octubre logra otro escaño en el Parlament, su caso, volvería a cambiar de manos y pasaría al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, de ganar JxCat, le podría investigar como presidenta catalana.

Le imputan tres contratos por 45.000€

En noviembre del año 2018, los Mossos d’Esquadra, accedieron al IEC y el Centro de Telecomunicaciones i Tecnologías de la Información en busca de pruebas de las presuntas irregularidades cometidas por la entonces consejera de Cultura del Govern de Torra. La jueza encargó a la policía catalana que dirigiera la investigación centrada en tres contratos concedidos por Borràs a un informático por valor de 45.550 euros.

Los hechos investigados se remontan a 2015. Concretamente en tres contratos concedidos, sin celebrar previamente concurso público, para desarrollar varias tareas informáticas de contenido web. En 2015, por valor de 17.650 euros, encargó mirar los contenidos de un portal. En octubre del 2016, por 11.850 euros, desarrollar un portal específico de poesía y en febrero del 2017, por 16.050, la creación y mantenimiento de la web del ‘Any Bertrana’.

El Congreso a favor de su investigación

La Comisión del Estatuto de los Diputados, gracias a los votos de PSOE, PP, Vox y Ciudadanos, dio luz verde el pasado 18 de junio a tramitar el suplicatorio para que la portavoz Laura Borràs, fuera juzgada por el Tribunal Supremo. Unidas Podemos se abstuvo, mientras que los grupos separatistas del PNV y JxCat votaron en contra. Por su parte, ERC y EH Bildu no participaron.

El representante de ERC que debía haber votado, el diputado Joan Josep Nuet, explicó que su formación no votó porque el juicio del Supremo a Borràs no será «justo» y porque no están dispuestos a «blanquear» supuestas prácticas corruptas o fraudes administrativos. Es el mismo motivo que aduce la aún diputada de Junts per Catalunya para que su caso salga del alto tribunal.

Durante su intervención a puerta cerrada en la comisión del Congreso que debatió su suplicatorio, Borràs, aseguró que «lo único que triunfa a día de hoy es la represión». La diputada separatista se presentó como una víctima de la persecución judicial por ser de Junts, independentista y futurible candidata a la Generalitat.

Sus argumentos no sirvieron para que la mayoría de los diputados con derecho a voto le salvaran de ser procesada. Laura Borràs se convirtió así en la primera diputada con un suplicatorio aceptado de la legislatura. El próximo, a debatir, probablemente, será el del vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Unidas Podemos Pablo Iglesias.